La última reforma educativa comenzó
su andadura el curso pasado. En 2014 se puso en marcha en los cursos impares de
Primaria y, a partir de septiembre, tiene que entrar en los cursos pares (con
la evaluación de los alumnos de sexto), en primero y tercero de secundaria y en
primero de bachillerato. Estas son las cuestiones más polémicas de la ley
educativa.
-Reválidas. La reforma prevé evaluaciones
externas comunes a todos los alumnos. En 2016 está prevista la de 6º de
primaria. En ESO y bachillerato serán reválidas (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir
estudiando). Las pruebas externas podrán ser aplicadas y calificadas por
profesorado externo a los centros. El decreto que las regula está pendiente de
aprobación. Las comunidades gobernadas por el PP han propuesto que se deje en
suspenso la fecha para decreto de bachillerato y secundaria. Los
socialistas piden que se suspenda la aprobación del decreto completo y se
comience a debatir de nuevo.
-Religión y Ciudadanía. La nota en la asignatura de Religión pesa para la media o para pedir
una beca. Es optativa con Valores Éticos en secundaria. Educación para la
Ciudadanía sale del currículo de la LOMCE, pero hay comunidades que la
recuperan. Religión pesa para nota y becas. Las comunidades autónomas eligen el
tiempo de clase (una o dos horas semanales). La Conferencia Episcopal ha
mostrado su “preocupación” porque hay comunidades han reducido la duración de
las clases. En bachillerato, la asignatura confesional se deje a la libre
disposición de las comunidades o del propio centro educativo, que puede
ofertarla como optativa, pero no está obligado a ello.
-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a
elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en
3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos de
matemáticas. En 4º, se separarán entre los que quieren estudiar bachillerato o
los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes.
- Concertada. "La libertad de enseñanza,
que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de
educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”
es uno de los principios que rige la reforma. La frase resume la esencia del
conflicto que ha dividido la educación española del último siglo: la escuela
concebida como servicio público y común a cargo del Estado o como bien privado
sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres.
- Segregación por sexos. La normativa garantiza tras su paso
por el Senado el inmediato retorno de las ayudas a los centros que perdieron la
subvención pública por separar chicos y chicas. Varias sentencias del Tribunal
Supremo han retirado el concierto a colegios por considerar que segregar es
discriminatorio.
- El currículo. El Gobierno central fija los contenidos de las materias
troncales de primaria, secundaria y bachillerato (por ejemplo,
Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua;
Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las
"específicas" (Educación Física, Plástica, Música, entre otras), el
Gobierno establece objetivos y criterios de evaluación y las autonomías deciden
el temario concreto. Quedan las materias de libre configuración (entorno a un
10-15% del currículo), cuyo contenido depende exclusivamente de las autonomías.
- El castellano y el catalán. La norma prevé que se
subvencione plaza en colegios privados con más clases en castellano para los
alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o la
concertada. El Ministerio de Educación adelanta el dinero, pero son las
comunidades autónomas las que deben pagarlo. La medida, diseñada por el
exministro José Ignacio Wert, se puede aplicar en todas las comunidades, pero
fue creada específicamente para Cataluña. El ministerio reduce drásticamente en
los presupuestos de 2016 la partida con la que se paga la escolarización en castellano para
aquellas familias que no encuentren una oferta de este tipo en el sistema
educativo público. El proyecto de Presupuestos destina solo un
millón de euros para pagar esta enseñanza, frente a los cinco millones que se
destinaron en el último ejercicio. Es un 80% menos.
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