Agredir a médicos o profesores cuando
trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de
cárcel.
Una enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara
cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y educativos, algo
que la jurisprudencia ya venía recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y
pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios
docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos y
165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de
fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados
públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la
OMC, calificó este cambio como “el logro
más importante en la lucha contra esta lacra” cuando presentó en marzo los
últimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un
Observatorio Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora
María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un
paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia).
Pasados los años, muchas fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o
acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones
como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades autónomas –Aragón,
Valencia, Extremadura y Castilla y León— han aprobado leyes que así lo prevén,
según Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.
“Son reos de atentado los que agredieren o,
con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad,
a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en
el ejercicio de las funciones de sus cargos”.
“Los atentados serán castigados con las penas
de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado
fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los
funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las
funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
No solo los sanitarios quedarán más
protegidos. La Fiscalía General del Estado considera desde 2008 que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos
penales. Así lo estableció en una circular para las fiscalías de
toda España. Ya distintas comunidades autónomas han impulsado normativas para
proteger a los docentes públicos. Madrid abrió el debate en 2009. Le siguieron
La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La
Lomce incluye a directores y profesores como “autoridad pública” y reconoce que
su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de
conflicto.
El cambio en el Código Penal apuntala así una realidad que ya se venía
reconociendo. “En los últimos años se han producido un gran número de
sentencias en las que se ha condenado por el delito de atentado a padres y
alumnos”; señala la abogada Carmen Perona en su libro Práctica docente. El
Derecho en defensa de tus derechos, publicado por CC OO.
“Ser autoridad en el Código Penal supone
también responsabilidades. Si un docente da un cachete, por ejemplo, se
considerará ahora delito de lesiones. Dirigirse a un alumno con un ‘¡Cállate,
gordito!’ era una amonestación administrativa y ahora es un delito contra la
dignidad de la persona”, explica Perona. Para Nicolás Fernández Guisado,
presidente del sindicato educativo ANPE, el cambio es “importante pero no
suficiente”. “Hay que mejorar los protocolos de intervención e implicar a
profesores, familias y autoridades. Hacer pedagogía y evitar estos casos”.
Tras los médicos, los enfermeros son los
profesionales que sufren más agresiones, según un estudio reciente del
Ministerio de Sanidad que habla de 30.000 profesionales sanitarios que
sufrieron algún tipo de agresión física o verbal entre 2008 y 2012.
En el caso de los docentes, el sindicato ANPE
elabora un informe anual a partir de las llamadas que reciben a la Oficina del Defensor del Profesor. El curso pasado registraron
3.300 llamadas de profesores. El 7% de ellas aludían a agresiones de alumnos y
el 1%, de padres o familiares.
Los profesores y médicos de centros privados
y concertados quedan fuera de la consideración de autoridad pública. La Organización
Médica Colegial (OMC)ha pedido que se incluya a los médicos de la privada, sobre
los que aumentaron los ataques en 2014. ¿Qué ocurre con los profesionales de
hospitales de gestión privada como los cuatro que ha abierto Madrid en los
últimos años? A efectos de servicios y acceso, son hospitales públicos, pero
los médicos están contratados por una empresa privada. “Entiendo que todo el
que trabaje en el sector público, con independencia del modelo de gestión, debe
ser considerado autoridad igual”, opina Julián Ezquerra, secretario general del
sindicato médico Amyts, que no cree que se deba extender la consideración de
autoridad pública a los médicos de la privada.
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